EE.UU. ha pagado un precio enorme en vidas y recursos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró formalmente el fin de las operaciones de combate en Irak, que comenzaron hace siete años.
En una alocución al país desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense prometió también que la atención del gobierno volverá a centrarse en la reconstrucción de la economía nacional.
En Irak quedan ya menos de 50.000 soldados estadounidenses, por lo que el presidente anunció el fin de la Operación Libertad Iraquí iniciada por su predecesor, George W. Bush, y el comienzo de una misión de ayuda militar llamada Operación Nuevo Amanecer. Obama intentó apuntalar el apoyo a sus tropas en Afganistán, donde hay actualmente 98.000 soldados estadounidenses.
El presidente aprovechó su alocución para tratar otro tema mucho más acuciante para la Casa Blanca y su administración: la desaceleración de la recuperación económica.
Obama tiene ante sí retos como el frenazo de la recuperación económica y la inminencia de las elecciones de noviembre. Por ello, aludió a otro tema de su campaña: el dinero de los contribuyentes que se gasta en Irak debería invertirse en la economía estado-unidense. La guerra en Irak ha costado más de US$700.000 millones, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
“Hoy, nuestra tarea más urgente es restablecer la economía y poner a trabajar nuevamente a los millones de ame-ricanos que han perdido su empleo”, dijo a la nación. “Será difícil. Pero en días que vendrán, debe ser nuestra principal misión como pueblo y mi principal responsabilidad como presidente.
 En Bagdad aun no se constituye un nuevo gobierno . Cada mes muere, en ataques terroristas, una media de 250 civiles. “Por supuesto, la violencia no acabará con nuestra misión de combate. Los extremistas seguirán colocando bombas, atacando a civiles y tratando de alentar la violencia sectaria”, aseguró el presidente. “Cuando se forme Gobierno, no debe caber duda: el pueblo iraquí tendrá un fuerte aliado en los Estados Unidos… Nuestro compromiso con el futuro de Irak no ha acabado.
“Poner fin a esta guerra no es sólo algo que beneficie a Irak. Es también a beneficio nuestro”, dijo Obama. “EE UU ha pagado un precio enorme con tal de depositar el futuro de Irak en manos de su pueblo. Hemos enviado a nuestros jóvenes hombres y mujeres a hacer inmensos sacrificios en Irak, y hemos destinado para ello grandes recursos, en una época de ajuste de presupuestos en casa. Hemos perseverado porque compartimos con el pueblo iraquí la creencia que de las cenizas de la guerra podía generarse un nuevo comienzo en esa cuna de la civilización”.
“Es sabido que ambos teníamos opiniones distintas de la guerra desde su principio. Sin embargo, nadie puede poner en duda el apoyo del presidente Bush a nuestras tropas, o su amor a la patria y su compromiso con nuestra seguridad”, dijo el presidente. Aun así, ha vertido duras críticas sobre la Administración de su predecesor: “Por desgracia, en la última década, no hemos hecho lo necesario para apuntalar los cimientos de nuestra propia economía. Hemos gastado más de mil millones de dólares en la guerra, a menudo financiados por préstamos del extranjero”.
En su punto máximo, hubo simultáneamente en Irak 165.000 soldados estadounidenses. Han pasado por aquel país un millón de hombres desde el comienzo de la guerra. De ellos, 4.247 han fallecido y 34.268 han resultado heridas, según el Pentágono. •

Un juez federal bloquea  puntos claves de la ley migratoria. Con esta decisión la juez accedió a la solicitud del gobierno federal, en base a la creencia de que los asuntos migratorios son competencia del gobierno federal.
La juez de distrito Susan Bolton determinó congelar varias cláusulas, incluyendo una que requería que los agentes de policía revisaran el estatus migratorio de una persona detenida por otro delito, como conducir por encima del límite de velocidad, si existe una sospecha razonable de que esta persona está ilegalmente en EE.UU.
La juez también congeló secciones que requerían que los inmigrantes llevaran sus papeles que prueban su derecho a vivir en EE.UU. en todo momento y otra que prohibía que los trabajadores indocumentados se congregaran en lugares públicos, como esquinas o fuera de tiendas para solicitar empleo.
Aquellos que apoyan la ley dicen que buscaba llenar un vacío dejado por el fracaso del gobierno federal para frenar la inmigración ilegal, la cual se ha convertido en una carga para el estado. Los críticos dicen que esto conduciría a discriminación racial.
De esta manera se suspende temporalmente los artículos más polémicos de la legislación que entra en vigor, incluido el que criminaliza la inmigración ilegal.
La jueza, ha basado su decisión en la consideración de que algunos de los artículos contenidos en esa iniciativa “perjudican a extranjeros legalmente re-sidentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado.
 La juez Bolton, paraliza también otros tres artículos polémicos, como el que ace-lera los procesos de deportación o el que convierte en delito el hecho de no portar papeles, y deja vigentes a partir de hoy únicamente aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes indocumentados en la calle para llevarlos a trabajar o el que crea mecanismos de reclamación en el caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.
Lo que sí es seguro es que esta decisión judicial será elevada a un tribunal de apelaciones, probablemente por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y la Administración central, para conseguir su completa revocación. Hay que recordar que el Gobierno de Barack Obama recurrió la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre una materia, como la inmigración, reservada en exclusiva a las autoridades federales.
 Se da por descontado que esta será una batalla larga y costosa en los tribunales -esto acabará quizá dentro de unos años ante el Tribunal Supremo-, será encarnizada en la arena política. Obama asumió un alto riesgo al denunciar la ley de Arizona, que cuenta con el apoyo de un 60% de los estadounidenses, según distintas encuestas. Al hacerlo, el presidente se sitúa frente a una mayoría de ciudadanos que dan  prioridad a la seguridad fronteriza sobre el respeto a los derechos humanos, pero se reconcilia con los votantes hispanos, que pueden tener un papel relevante en las próximas convocatorias electorales. Para compensar su decisión, Obama ordenó el envío a la frontera con México de 1.200 soldados de la Guardia Nacional, que comenzarán a llegar desde principios del mes de agosto.
Este asunto va a ser, sin duda, uno de los temas estrella de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Obama y algunos congresistas demócratas están impulsando la elaboración de una ley migratoria que aborde en conjunto los problemas de la seguridad fronteriza y de la permanencia de 12 millones inmigrantes sin papeles, pero es poco probable que en los meses que restan se alcance el consenso necesario para su aprobación.
Las organizaciones hispanas están preocupadas de que los brotes racistas puedan hacerse más frecuentes y más peligrosos como consecuencia de la frustración por la paralización de la ley de Arizona, ya se han visto grupos xenófobos armados el la frontera, y han convocado para los próximas días manifestaciones y actos en defensa de la convivencia racial y de los derechos de los inmigrantes. •

En los EE. UU se volvió un asunto delicado la contratación de inmigrantes, ya que las empresas pueden ser castigadas si emplean indocumentados, pero también si discriminan al exigir demasiados documentos. Esta dicotomía se presenta incluso cuando el gobierno de Estados Unidos persigue a empresas que contratan a inmigrantes sin documentación legal de residencia, no deja de vigilar a los empleadores que -afirma- se exceden al investigar a postulantes a un empleo para asegurarse de que cuenten con permiso para trabajar en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional actualmente realiza una auditoria a los registros de empleo de muchas empresas sospechosas de contratar a trabajadores indocumentados. Sin embargo, en una paradoja cada vez más evidente para las compañías, el Departamento de Justicia y otras agencias incrementaron la cantidad de investigaciones a empleadores -incluidos cadenas de restaurantes, fábricas y minoristas- por supuestamente violar leyes antidiscriminación al demandar demasiados documentos de identidad de los postulantes que no son ciudadanos estadounidenses.
Para evitar demandas u órdenes judiciales, hace poco varias compañías investigadas alcanzaron acuerdos con el gobierno fuera de las cortes; en algunos casos después de pagar multas.
“El mensaje es: empleadores, tengan cuidado. Deben cuidarse tanto de pedir demasiados documentos de inmigración como de no pedir los suficientes”, indicó Stephen Yale-Loehr, un académico especializado en leyes de inmigración de la Universidad de Cornell.
La tensión actual surgió de estipulaciones en la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), ambas de alcance federal. La IRCA prohíbe que los empleadores contraten a sabiendas o de forma intencional inmigrantes indocumentados; las empresas deben verificar la elegibilidad para trabajar de una persona a través del formulario “I-9″, en el cual los emplea-dos nuevos presentan documentos de identidad y los empleadores los examinan y determinan su autenticidad.
Las protecciones antidiscriminatorias en la INA, en tanto, garantizan que “todos los individuos autorizados a trabajar en EE.UU. tienen el derecho de buscar empleo sin la carga extra de reglas especiales o demandas de documentos basadas en su estatus de ciudadanía u origen nacional”, sostiene Thomas E. Pérez, fiscal general asistente de derechos civiles.
Las empresas también enfrentan una proliferación de leyes estatales di-señadas para castigar a los empleadores que contratan inmigrantes indocumentados. Se espera que próximamente la Corte Suprema de EE.UU. determine si Arizona tenía derecho a aplicar una ley de 2007 que le da al estado el poder de revocar la licencia empresarial de cualquier empleador que sea descubierto de haber contratado inmigrantes indocumentados a sabiendas. La corte debe decidir si la ley de inmigración federal se impone al estatuto estatal.
Esta disyuntiva es el fiel reflejo de la  división que existe en el país en cuanto a la interpretación de las leyes que pretenden regular el tema migratorio,  por cuanto algunos consideran que estas violan la cons-titución al consagrarse leyes discriminatorias, además de  fracturarse la esencia misma de los Estados Unidos, país constituidos por inmigrantes, contrario a países europeos donde los inmigrantes no fueron la columna socio política y social de su cons-titución como estados, y por ende  existen leyes migratorias mucho mas fuertes, pero hoy en día reconociendo que son punto importante en su producción.
Muchas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, han detectado que muchas personas inmigrantes o hijos de estos, han manifestado su apoyo a estas leyes, no dándose cuenta que por su condición etno cultural pueden ser detenidos para indagar por su condición migratoria, o pedírsele demasiados papeles para su contratación, cuando esto ocurre algunas veces lo podrán acatar, pero cuando se realice en muchas ocasiones, se volverá en un hecho insoportable, que rayara en un estado de abuso de discriminación y que recaerá en padres, hijos, hermanos y familia, ya que la raza y cultura es difícil de ocultar, mas bien lo contrario es digna de resaltar. •

Una séptima demanda para impedir que entre en vigencia una dura ley de inmigración en Arizona representa la primera objeción legal contra materiales de entrenamiento para policías encargados de iLos agentes no deberían utiizar el origen étnico de una persona para determinar si existe una “sospecha razonable” de que se encuentra ilegalmente en el país, de acuerdo con los términos de la ley.
Sin embargo la demanda, presentada el viernes  9 en la corte federal, asegura que los materiales de entrenamiento son “tan imprecisos y mal definidos que seguro generarán categorización racial y discriminación”.
Entre los materiales hay un video emitido el 1 de julio, el cual advierte a los agentes no usar la raza o etnicidad a la hora de implementar la nueva ley.
Aún así, el video dice a los agentes que se les permite considerar si una persona habla mal el inglés, parece nerviosa o viaja en un vehículo con demasiada gente.
Los agentes policiales pueden también tener en cuenta cuando alguien lleva varias capas de ropa en un clima bochornoso o cuando alguien se encuentra en una zona frecuentada por indocumentados que buscan trabajo.
Estas medidas llevarían a una “categorización racial generalizada” en contra de los hispanos, agrega la demanda.
Los que interpusieron la demanda oponiéndose a los materiales de entrenamiento, incluida la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, esperan que sus argumentos sean escuchados por la jueza federal de distrito Susan Bolton, quien está analizando las otras seis demandas legales.
Bolton dijo en esta semana que no prometía emprender acciones sobre las demandas antes de que la ley entre en vigor.
Los demandantes argumentan que los inmigrantes que ya son conocidos por las autoridades o que han hecho solicitudes para legalizar su estatus serán arrestados porque no tienen los documentos específicos que requiere la nueva ley.
La ley, que entraría en efecto el 29 de julio dependiendo de los desafíos legales, exige a agentes de policía, cuando investiguen otros incidentes o crímenes, a preguntar a la gente sobre su estatus migratorio si hay “sospechas razonables” de que se encuentran en el país de forma ilegal.
El Departamento de Justicia también interpuso una demanda diciendo que la ley de Arizona usurpa la “autoridad preeminente” del gobierno bajo la Constitu-ción para regular la inmigración.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y otros partidarios de la ley aseguran que ésta forzará a indocumentados a abandonar el estado. También dicen que era necesario que el estado hiciera algo, ya que el gobierno falló a la hora de garantizar la seguridad en la frontera con México.
Los oponentes a la ley aseguran que la nueva legislación promocionará la categorización racial. •mplementar la nueva legislación.

Se reúne con organizaciones; aseguran “habrá noticias positivas” Los principales grupos que impulsan la reforma migratoria salieron muy contentos de la reunión sostenida el pasado lunes en la ciudad de Washington con el presidente Obama. En el encuentro participaron representantes de al menos 13 organizaciones, entre las que figuraron LULAC, Consejo Nacional de La Raza (NCLR), National Hispanic Christian, SEIU, AFL-CIO, CHIRLA, Casa de Maryland, Trail of Dreams, National Immigration Forum, Center for Community Change, entre otros.
Janet Murguía, presidenta de NCLR, explicó que “tienen un acuerdo con el Presidente y es por eso que ahora no vamos a hablar de los específicos, pero si sabemos que habrá pasos muy importantes. Pienso que con ellos se le dará mucho ánimo a nuestra comunidad”, dijo. “Hay varios pasos que la Administración va a tomar, pero creemos que eso es algo que ellos deben anunciar”, explicó Eliseo Medina, de SEIU. “Yo espero que sea pronto, porque hay muchas cosas que van a suceder, incluyendo la norma  SB1070 que entra en vigencia en 30 días”, agregó. “Está claro que el presidente quiere mover este tema y que si no fuera por la muerte del senador Byrd, hubiéramos visto acciones inmediatas”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum.
La reticencia de los grupos a confirmar la decisión sobre la demanda contra la norma SB1070 -un paso que ya casi se da por asumido, luego de las declaraciones de la secretaria de estado Hillary Clinton-, se puede deber a su respeto por la opción de la Casa Blanca de liderar un posible anuncio. Como también por los efectos que podrían causar ciertos grupos que no apoyan la medida. No obstante, al parecer, existen altas probabilidades que el anuncio se materialice la última semana del mes de Junio, una oportunidad que el presidente posiblemente aproveche, para entregar un discurso a nivel nacional sobre la necesidad de una reforma migratoria.
Diversos participantes en el encuentro coincidieron en que la discusión se dio en el marco de una reforma migratoria integral y no de legislaciones de menos magnitud como Dream Act o AgJobs, como se ha discutido al interior del Capitolio. Los grupos presentaron, además, una serie de puntos que consideran necesarios para continuar empujando una propuesta este año. “El presidente sabe que un desafío legal a la ley de Arizona no es suficiente. Cualquier acción legal sólo levantará las expectativas para la Casa Blanca y el Congreso”, resaltó una declaración de Reforma Migratoria Por América.
Dentro de las peticiones que las organizaciones formularon al mandatario, estuvo la realización de una reunión amplia en que se integren los nuevos actores que han emergido en el debate apoyando la reforma migratoria, como alcaldes, conglomerados religiosos, entre otros. “La idea sería juntarlos  a todos, no sólo a los tradicionales”, explicó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
Las organizaciones también insistie-ron en la necesidad de que se luche por un proyecto legislativo hasta el último momento y que el mandatario se mani-fieste públicamente sobre el tema. También se intentó poner en el tapete, qué tipo de protecciones se le puede ofrecer a la comunidad en caso que no se concrete nada este año. Un tema frente al cual la respuesta fue “continuar empujando por un proyecto de ley”, de acuerdo con fuentes asociadas con el encuentro. •

La petrolera británica BP aceptó la propuesta del presidente, Barack Obama, de colocar unos 20.000 mi-llones de dólares en custodia para pagar las indemnizaciones por el derrame de crudo en el Golfo de México.
El acuerdo no ha sido finalizado. Tanto el presidente Obama, ejecutivos y abogados de la petrolera están negociando. A la fecha, BP ha gastado más de $1 billón de dólares para contener y limpiar la región comprendidad desde Louisiana hasta Florida.
El presidente de Estados Unidos, buscando contrarrestar una imagen de liderazgo distante ante el derrame de crudo, había exigido a BP que separara miles de millones de dólares para pagar por los daños derivados de la catástrofe.
El peor desastre ecológico en la historia estadounidense amenaza con distraer a Obama de su agenda doméstica, donde figuran reducir un desempleo que se acerca a los dos dígitos y reformar el régimen de Wall Street.
Enfrentando tal vez el mayor desafío de su presidencia, Obama acusó el martes 15 a BP de “imprudencia” en un discurso televisado ofrecido desde el solemne escenario del Salón Oval.
El mandatario también usó el discurso para pedir una legislación amplia que ayude a superar la adicción de su país a los combustibles fósiles.
Pero no llegó a ofrecer elementos específicos de su estrategia para revivir una iniciativa sobre cambio climático, una pelea que podría ser compleja durante un año electoral en el que su Partido Demócrata luchará por defen-der sus mayorías en el Congreso.
Los sondeos de opinión muestran que los estadounidenses creen que Obama ha sido demasiado distante en su manejo de la crisis y que no ha sido suficientemente severo con el presidente del directorio de BP, Carl-Henric Svanberg, y otros ejecutivos.
El primer ministro británico David Cameron dijo que BP deseaba asumir su responsabilidad, pero que no debería tener que pagar por reclamos poco relacionados con el derrame.
“Si bien es importante que ellos paguen por reclamos razonables, y BP misma lo acepta, necesitan un nivel de certidumbre, y esa es la preocupación de la firma inglesa, que no haya un desvío de los reclamos, muy lejos del derrame”, dijo Cameron en la radio de la BBC.
Los ejecutivos de la compañía “esperan” una reunión constructiva con Obama, dijo en un comunicado un portavoz de BP.
“Compartimos el objetivo del presidente de cerrar el pozo tan pronto como sea posible, limpiar el petróleo y mitigar el impacto en la gente y en el medio ambiente de la costa del golfo”, indicó el portavoz.
Las acciones de la British Petroleum cotizadas en Estados Unidos cerraron con un alza del 2,35 por ciento el martes luego de hundirse un 9 por ciento el lunes. En Londres, los papeles de BP perdieron un 3,78 por ciento.

• BP pierde valor
La compañía, que podría enfrentar miles de millones de dólares en in-demnizaciones por daños ocasionados por el desastre, ha perdido casi la mitad de su valor de mercado desde que empezó la crisis.
Ejecutivos de importantes compañías petroleras dijeron en una au-diencia del Congreso que BP no se adhi-rió a los estándares de la industria en la construcción de su pozo submarino que explotó el 20 de abril, dejando 11 trabajadores muertos y causando el enorme derrame.
La fuga ha contaminado 190 kilóme-tros de costa estadounidense sobre el golfo, puso en riesgo la industria pesquera y turística local, y provoca la muerte de aves, tortugas marinas y delfines. •

El Congreso de Estados Unidos rindio homenaje a las Damas de Blanco de Cuba, el dia jueves 13 de Mayo, por su lucha por la libertad y la democracia en la isla. A esta celebracion no solo se unieron los legisladores estadounidenses sino los ex-presos politicos cubanos. 
La senadora republicana del Estado de la Florida Ileana Ros-Lehtinen dio que estas mujeres si que conocen bien la brutalidad del regimen castrista y que este no va a cambiar sino hasta que haya un cambio de gobierno porque todo esta podrido  en ese gabinete. Las Damas de Blanco defienden los derechos de sus compatriotas cubanos y protestan con fuerza cada vez que un activista muere defendiendo la causa. Ellas realizan marchas semanales cada domingo despues de salir de misa desde hace muchos anos y continuaran haciendose sentir hasta que acaben con el regimen castrista. •

El real problema del estado de Arizona es el tráfico de drogas y no la inmigración ilegal.  Lo que se palpa actualmente es que la peste del tráfico de estupefacientes en América Latina, trazada por una política anti-drogas de Estados Unidos que comenzó hace cuatro décadas, parece estar alcanzado a las ciudades estadounidenses. Las malévolas mÁquinas criminales compuestas por poderosos carteles tanto del sur del Rio Grande, como del norte, siguen suministrando el alcaloide que demandan a manos llenas el mercado de narcóticos estadounidense, se están volviendo cada vez más audaces a la hora de expandir sus negocios. En 2008, las autoridades de EE.UU. indicaron que los carteles mexicanos y sus conexos de la droga abastecían a sus clientes en 195 ciudades estadounidenses.
La violencia en EE.UU. es apenas una fracción de lo que México, Guatemala y Colombia soportan cada día. No obstante, es considerable. Las tasas de secuestros en Phoenix, por ejemplo, están por las nubes y algunos asesinatos espectaculares de agentes del orden también han acaparado los titulares.
Mientras sucede esto, potenciales ayudantes de camareros, obreros de la construcción y jardineros de México y América Central atraviesan el desierto de Arizona para ingresar a EE.UU. debido a que las vías legales están ce-rradas y quieren trabajo.
Apreciamos que ambos grupos infringen la ley. Sin embargo, es un error garrafal ponerlos en el mismo saco. Cometerlo podría causar serios daños económicos y morales al país de inmigrantes más exitoso de la historia de la humanidad. Culpar a los inmigrantes por el aumento del crimen organizado también tiene otra desventaja: aunque podría hacer que la gente se sienta bien por un tiempo acerca de la legalidad, no hará nada para detener el crecimiento de la violencia generada por el narcotráfico, ya que este negocio crecerá mas en Estados Unidos, y  representara una amenaza mayor para la seguridad del país.
Es tentador formular el problema del crimen organizado como una cuestión de soberanía (en otras palabras, ¡los inmigrantes ilegales nos están invadiendo!) pero eso ignora el rol de la demanda de estupefacientes. Lo que pasa es que enfocarlo de esta forma genera muchos dividendos políticos, para el partido que se manifiesta en contra del tema migratorio.
 La solución tiene que empezar con el reconocimiento de que el tráfico de drogas a través de Arizona, una preo-cupación clave de los ciudadanos de ese estado, es producto de una compleja serie de políticas fallidas.
La mayoría de los estadounidenses comprenden por simple lógica que los inmigrantes son un activo productivo, y por eso es lamentable reconocer que el problema inmigratorio en Arizona fue creado por el gobierno federal. Durante gran parte de la última década, EE.UU. ha necesitado mano de obra joven y entusiasta y América Latina la ha provisto en exceso. Las autoridades de Washington, no obstante, se han rehusado a concebir un plan de inmigración legal que pueda responder a esta realidad del mercado. En contrario censu han procedido amurallar la frontera.
 Esto conllevo a que personas con el ánimo de supervivencia, encontraran otra ruta de ingreso y esto lo realizan a través del desierto y hacia Arizona. El concentrado flujo de inmigrantes a través de ese único estado es un gran motivo de la reacción de los ciudadanos de Arizona.
Es importante, sin embargo, distinguir la violencia relacionada a la droga que acapara los titulares de la prensa del patrón de conducta de los inmigrantes. Los inmigrantes ilegales no han provocado una ola de delitos en Arizona, como sostienen algunos expertos en el tema.
 Lo anterior se reafirma, al citar  estadísticas del Departamento de Justicia, a afirmar que “la tasa de delitos en Arizona en 2008 fue la menor de las últimas cuatro décadas. En la última década, a medida que ha aumentado rápidamente el número de inmigrantes ilegales en el estado, la tasa de delitos violentos cayó 23 por ciento, la de delitos de propiedad 28 por ciento”.  Y también señala que “los datos del censo muestran que los inmigrantes en realidad son menos propensos a cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos”.
Esto no significa que los carteles de la droga no socavan la paz, ya que donde llega este negocio maldito, los índices de violencia se disparan vertiginosamente.
 Esto nos demuestra el fracaso de la guerra contra el suministro de drogas, la que fue iniciada hace más de 40 años porque EE.UU. descubrió que la prohibición no logró contener el apetito de los estadounidenses por los narcóticos. Desde entonces, miles de latino americanos han muerto por esta causa. En 2008, según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, 36 millones de estadounidenses habían consumido drogas ilícitas en el último año. Detener trabajadores sin documentación legal de permanencia, y amurallar toda la frontera probablemente no resolverá el problema. Mas sin embargo lo que se pretende es buscar un chivo expiatorio que alimente los intereses creados. •

El presidente mexicano, Felipe Calderón, solía decir cuando era candidato en 2006, e incluso como presidente, que lo mejor que podía hacer Estados Unidos para detener la migración de mexicanos era ayudar a que en Michoacán, Zacatecas o Jalisco, lugares altamente exportadores de mano de obra, por mencionar algunos, se construyeran caminos, fábricas, escuelas… Al diagnóstico le faltaba contemplar variables más complejas, desde una devastadora crisis económica internacional hasta las tensiones de la política interna estadounidense, que el estado de Arizona, decidió expedir una ley migratoria que criminaliza a las personas que no tienen documentos legales de permanencia, medida que ayer fue duramente condenada por el mandatario mexicano, quien afirmó que “abre la puerta al odio”.
Ninguna política migratoria puede estar por encima de los derechos de la gente. Esta convicción es hoy más fuerte que nunca, ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley SB1070″, dijo  Calderón, durante una reunión con re-presentantes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El presidente mexicano responde así a la promulgación de una ley en el Estado de Arizona que será efectiva en 90 días y que permite a la policía detener indiscriminadamente a personas sólo por su apariencia y encarcelarlas si no pueden demostrar su residencia legal, incluidas aquellas que siendo estadounidenses no cuenten con papeles para demostrarlo.
“Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarlo de esta manera, abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley”, apuntó Calderón, quien tiene prevista una visita de Estado a Washington dentro de unas semanas. “El próximo mes de mayo haré una visita al presidente Obama y al Congreso de los Estados Unidos. Tengan la certeza de que en las reuniones que habré de tener, en los espacios que como presidente de México habré de defender, estará presente el tema, indeclinablemente, de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo; y la imperiosa necesidad de avanzar a esquemas racionales, sensatos, humanos, equilibrados, que sin menoscabo del derecho que tiene cualquier país de regular las leyes de su propio territorio, sí permitan, como he dicho, una migración ordenada, integral, comprensiva y justa”.
Rotativos como The New York Times y The Washington Post han criticado a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, por haber firmado el viernes la ley, a pesar de que tuvo varios días para devolver la iniciativa al Legislativo local, como le pedían distintas voces de ámbito nacional e internacional. El Times señaló en un duro editorial que la medida iba en el sentido equivocado y el propio Obama adelantó el viernes que Washington actuará para prevenir la “irresponsabilidad de otros”. La gobernadora republicana dijo, por su parte, que validó la ley porque es un “arma para atajar el problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver”.
El asunto no sólo ha desatado protestas, sino que, paradójicamente, puede suponer que se reinicie el debate sobre la urgente reforma migratoria, ya que en muchas ocasiones medidas como estas que  inician el fuego son necesarias para extinguir y resolver de unas ves por todas la problemática de aproximadamente 13 millones de personas que viven en la oscuridad.
“No puede nadie quedarse cruzado de brazos frente a decisiones que afectan tan claramente a paisanos que por ge-neraciones han contribuido al crecimiento. No sólo quienes llegan ahora, [sino también] quienes están ahí, y que sufrirán el atropello de una ley injusta, y que han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona, que no se entendería sin los mexicanos y menos cuando, en este caso, se pone en marcha una legislación que abre las puertas a una inaceptable discriminación racial”, dijo ayer el presidente Calderón.
Se calcula que en Arizona viven más de 500.000 indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Con la nueva ley, cualquier persona podrá ser detenida si la policía cree que hay “dudas razonables” de que su estancia en el país sea ilegal, lo que acarrearía una pena es de seis meses de cárcel.
Esta tragedia de xenofobia apenas comienza, ya que sobre esta ley lloverá una lluvia de demandas, que de ser aceptada por la rama jurisdiccional, retardaría su aplicación, y tendría que ser La Suprema Corte la que resolviera el litigio planteado •

El salvavidas que el gobierno de Estados Unidos lanzó para rescatar a compañías en problemas y los mercados financieros parece menos oneroso y prolongado de lo que se temía.
Las empresas que hace apenas unos meses funcionaban como en catarsis empiezan a devolver las inyecciones de recursos fiscales que recibieron en medio de la crisis financiera y el costo del rescate se ha reducido a una fracción de lo que se había estimado previamente.
Funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. estiman que el costo final podría ascender a US$89.000 mi-llones, una cuenta que incluye el Programa de Alivio de Activos en Problemas, las inyecciones de capital en los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, garantías de préstamos emitidas por la Administración de Vivienda Federal y medidas de la Reserva Federal como la compra de valores respaldados por hipotecas y el apuntalamiento del mercado de papeles comerciales.
El Departamento del Tesoro se siente cada vez más optimista de que incluso American International Group Inc. (AIG) funcione en forma independiente en un año. Según fuentes cercanas, el gobierno evalúa formas de desprenderse de su participación de 80% en la aseguradora. AIG se encamina a pagar el préstamo de la Fed a través de ventas de activos que recaudarán US$51.000 millones.
El Tesoro estadounidense, asimismo, planea vender su participación de US$32.000 millones en Citigroup Inc. mientras que General Motors Corp. da los pasos necesarios para devolverle al gobierno su inversión de US$6.700 millones y prepara su regreso a la bolsa en unos meses. Las dos empresas quedarían libres de restricciones estatales este año.
Hace apenas un año, la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense y la de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca estimaron que el costo del paquete de rescate bordearía los US$250.000 millones. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo el mes pasado que la cifra llegaría a “menos de 1%” del Producto Interno Bruto. La proyección de US$89.000 millones es 42% más baja que el costo de la crisis de ahorro y préstamos que agobió a EE.UU. a finales de los años 80 y comienzos de los 90.
El precio más bajo de lo esperado refleja la veloz estabilización de los mercados financieros, lo cual ha ayudado a las empresas a devolver el dinero de los contribuyentes (a menudo con interés) y le ha permitido a Washington gastar menos en algunos programas de asistencia que lo que había proyectado.
El gobierno también recibe dividendos, pagos de intereses e ingresos por otros programas de rescate relacionados que varían desde el pago de 5% de interés anual sobre la deuda de US$1,5 billones (millones de millones) de Fannie Mae y Freddie Mac.
De todos modos, el costo directo del rescate palidece frente al impacto económico y político, dicen muchos expertos.

Es probable que EE.UU. demore varios años en recuperarse del impacto económico, el incremento de la deuda, la pérdida de ingresos fiscales y la agitación política de-sencadenada por la crisis financiera.

El gobierno estadounidense, por ejemplo, aún suministra apoyo crítico a los mercados financieros y de bienes raíces. Y el Estado seguirá con una carga importante sobre sus hombros: con una inyección directa del gobierno de US$125.900 mi-llones, se espera que Fannie Mae y Freddie Mac sigan dependiendo por años de las arcas fiscales. Ambas instituciones tienen una línea de crédito ilimitada con Washington.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, se espera que las pérdidas relacionadas con los portafolios de inversión de Fannie Mae y Freddie Mac alcancen US$370.000 millones para 2020, aunque la cifra puede fluctuar dependiendo de la salud del mercado inmobiliario.
De todas maneras, de los US$245.000 millones inyectados en los bancos, el gobierno ha recuperado US$169.000 millones hasta el momento y se estima que obtendrá una ganancia de US$8.000 millones. Lo anterior a voces de los expertos ha demostrado que las medidas tomadas por el gobierno fueron acertadas, lo que equivaldría en nuestro argot a corregir antes que lamentar, pero recordando siempre los costos  sociales ( empleo, educación, salud y vivienda) que nos vimos abocados, por culpa de los especuladores bursátiles, financieros y políticos. •