Narcos masacran a indocumentados en su carrera por ingresar a EE.UU. Todo inicio cuando la Secretaría de Marina dio cuenta de un enfrentamiento ocurrido horas antes con delincuentes en un rancho de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas. Después del tiroteo, que se cobró la vida de un marino y tres criminales, los militares hallaron un sembradío de cadáveres: 58 hombres y 14 mujeres, aún sin enterrar. El desencadenante del enfrentamiento había sido, justamente, el testimonio del único sobreviviente de la matanza, que, herido, logró huir y llegar hasta un control militar. Los uniformados se presentaron en el rancho, donde fueron recibidos a balazos por los narcos.
 Después se supo que el sobreviviente, es de origen ecuatoriano. Y que los fallecidos no eran narcos, sino emigrantes sudamericanos y centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos. El ecuatoriano contó que los delincuentes se identificaron como miembros de la organización criminal de Los Zetas, que trataron de extorsionarlos, y que al negarse fueron acribillados. A él lo dieron por muerto, por lo que pudo huir del rancho donde habían sometido al grupo, que ingresó a México por el sureño Estado de Chiapas. “El tren estaba parado cuando llegó alguien a quien llamaban El Gordo con seis hombres, en un carro verde. Al coyote le permitieron apartar a su gente. A los que viajábamos solos, los seis pistoleros nos decían que si no aportábamos un número telefónico de parientes en Estados Unidos nos iban a matar. Los que se negaron fueron tableados. Dos intentaron escapar y los asesinaron. Como yo soy bien pacífico, di el número para que me no hicieran nada”, cuenta por teléfono.
En realidad, lo que contó el sobreviviente no es nada nuevo. Según la Comisión Nacional de Derechos Hu-manos, los grupos criminales secuestraron a 9.758 emigrantes tan solo de septiembre de 2008 a febrero de 2009. La cifra extraoficial, es decir, incluyendo casos no detectados, podría llegar a 20.000 para el mismo periodo.
“Lo que queda claro es que en México hay una criminalización de los emigrantes: son un botín para la delincuencia organizada”, explica fundaciones para los derechos humanos. “Todos los días hay secuestros de emigrantes que pasan en los trenes que van al norte, se les extorsiona, y a los que no pueden pagar por su liberación se les mata. A las mujeres se les hace trabajar con los secuestradores o se les prostituye. Y la cuota varía, desde 50 dólares hasta miles de dólares, esto último sobre todo cuando tienen familiares en Estados Unidos”.  Los narcos tienen casas de seguridad en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde retienen a los emigrantes que secuestran. “Pero lo peor es que no hay persecución ni investigación de muchos de estos casos”.
El balance, siete días después, cabe en unas cuantas líneas poco novedosas: los autores de la matanza fueron Los Zetas (era más que sabido que este grupo, además de dedicarse al narcotráfico, domina las redes de extorsión y secuestro de los sin papeles); como no podían pagar su rescate, a los indocumentados se les propuso, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente, enrolarse en la organización criminal (tampoco táctica nueva); se habrían negado y los mataron. De los 31 identificados, 14 son hondureños, 12 salvadoreños y cuatro guatemaltecos. Hay además un brasileño. Y el sobreviviente, ecuatoriano. Hay otro dato: el agente que dirigía la investigación desapareció, junto con un policía, el 25 de agosto, un día después del hallazgo de los cadáveres.
Cuando se le pide que defina lo que para él es México, el sobreviviente dice que es “un cementerio de centroamericanos, que solo andan buscando una vida mejor. Aquí la mercancía son los inmigrantes”.•

El gobierno arrancó un programa para otorgar un seguro de salud a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos y sus familiares que se quedaron en México.
La Secretaría de Salud informó un comunicado que inició en Denver, Colorado, un plan de preafiliación al llamado Seguro Popular, con el cual un migrante y su familia podrán recibir atención médica en México.
El Seguro Popular brinda atención a bajo costo a personas que no poseen otro plan de salud en el país y cubre 266 intervenciones médicas que incluyen vacunas, diagnósticos y tratamientos.
El Seguro Popular está dirigido a las personas que viven en áreas margi-nadas, zonas rurales e indígenas, y aquellas que están desempleadas o trabajan por su cuenta.
Con el nuevo programa, los migrantes en Estados Unidos que se afilien al seguro y necesite atención médica, puede regresar a México para iniciar su tratamiento, señaló la Secretaría de Salud.
En Estados Unidos radican casi 12 millones de mexicanos, de las cuales se calcula que poco más de la mitad están sin documentos legales.
El gobierno ha señalado que de los casi 107 millones de habitantes en México, unas 90 millones de personas cuentan con algún plan de salud, entre ellas las 35 millones afi-liadas al Seguro Popular.  •

Autoridades federales descubrieron el viernes un túnel que pasaba debajo del Río Bravo, el cual marca la frontera con México, y que permitía llegar a territorio estadounidense. Un técnico especializado en sensores y un agente fronterizo encontraron el túnel, de 60 por 60 centíme-tros (dos por dos pies), que conectaba con una parte del drenaje en la frontera, en El Paso, dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Doug Mosier.
El túnel fue descubierto después de que un grupo de agentes encontró y detuvo a un adolescente mexicano, quien llevaba unos 90 kilogramos (200 libras) de marihuana. Al realizar el arresto, las autoridades notaron un hoyo en un ducto de cemento, que es parte del drenaje en la frontera.
El túnel oscuro y sin ventilación llevaba al sur, y pasaba debajo del Río Bravo, para llegar a México.
El agente de la Patrulla Fronteriza, Ramiro Cordero, dijo que las autoridades mexicanas descubrieron el punto de origen del túnel, en una instalación similar del drenaje al otro lado de la frontera.
“Era algo muy rudimentario, no como lo que hemos visto en Yuma (Arizona), donde hay vigas”, que sostienen el túnel, dijo Cordero.
Los investigadores encontraron un soplete y varios envases de combustible. Consideran que esas herramientas fueron usadas para abrir el túnel.
Además, los agentes hallaron otros 90 kilos (200 libras) de marihuana en el túnel del drenaje, en El Paso, dijo Cordero.
El tamaño del túnel sugiere que era usado para introducir drogas, no indocumentados, señaló.
El caso es investigado por la Fuerza de Tarea en Seguridad Fronteriza, del Departamento de Seguridad Nacional, en El Paso.
La detención del viernes y el ha-llazgo del túnel constituyen un ejemplo de “sólida colaboración” entre las agencias gubernamentales en la frontera, consideró Manuel Oyola Torres, agente especial de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“El descubrimiento de este pasaje subterráneo es testimonio de la sólida colaboración entre la ICE, sus alia-

dos en otras autoridades y el gobierno de México”, dijo Oyola Torres. •

Barack Obama autorizó el envío de mil 200 elementos de la Guardia Nacional al límite con México. El Presidente estadounidense Barack Obama cedió a autorizar el despliegue de mil 200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, tras resistir más de un año la presión de republicanos y conservadores que le exigían hacerlo.
El Mandatario también pedirá al Congreso 500 millones de dólares adicionales para mejorar la protección de la línea de más de mil kilómetros que separa a Estados Unidos y México, dijo un funcionario del Gobierno, que pidió no ser identificado.
Las tropas, de la Guardia Nacional, se ocuparán de labores de inteligencia y vi-gilancia, respaldarán actividades de combate al narcotráfico y darán formación a los agentes fronterizos, según la fuente.
Obama cedió así a las peticiones de legisladores de Arizona de ambos partidos, que han presionado a la Casa Blanca para que envíe tropas desde el asesinato el 27 de marzo del ranchero Rob Krentz, un crimen aún no esclarecido.
“Los ciudadanos de Arizona saben que tener más soldados sobre el terreno significa una frontera más segura. Washington ha oído nuestro mensaje”, señaló Gabrielle Giffords, una congresista demócrata.
El republicano John McCain, que re-presenta a ese estado en el Senado, afirmó que la decisión de la Casa Blanca es un reconocimiento de la violencia en la frontera, que ha superado toda descripción, especialmente en el lado mexicano.
McCain dijo que el despliegue de los mil 200 soldados no era suficiente, y urgió el envío de 6 mil.
Los republicanos planeaban introducir un proyecto de ley para obligar al Gobierno a mandar las tropas, pero la Casa Blanca se les adelantó con el anuncio. El funcionario reveló la decisión después de que Obama se reuniera en el Congreso con los senadores republicanos, a los que pidió que apoyen la reforma del sistema migratorio.
“Continuaremos trabajando con el Congreso para arreglar nuestro sistema migratorio, que no funciona, mediante una reforma amplia”, insistió McCain.
La reforma, que regularizaría a los 12 millones de trabajadores indocumentados que residen en el País, está pen-diente desde el Gobierno de George W. Bush, que también reforzó la frontera con 6 mil soldados de la Guardia Nacional entre 2006 y 2008.  Bush optó por tomar medidas de mano dura contra la inmigración en un intento por ganarse el apoyo de los legisladores a la reforma migratoria, una estrategia que no le funcionó, principalmente porque no logró ganarse a la mayoría de su propio partido.
El debate sobre la reforma se ha intensificado después de que el estado de Arizona aprobara la polémica ley antiinmigrante SB 1070, que criminaliza la inmigración ilegal. •

La detención del candidato izquier-dista al gobierno estatal de Quintana Roo por presuntos vínculos con el narcotráfico remeció la política mexicana, con acusaciones del principal partido que lo postuló de ser una “maniobra” para impedirle ganar. Gregorio Sánchez fue detenido el martes 25 tras meses de investigaciones que, según la Procuraduría General de la República (PGR), revelaron su presunta participación en actividades de lavado de dinero y supuestos vínculos con los carteles de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas.
Pero el presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, afirmó que se trata de “una burda maniobra, una triquiñuela para impedir que Gregorio sea gobernador del estado, impedirlo a toda costa”.
Sánchez es candidato del PRD y de los partidos del Trabajo y Convergen-cia en las elecciones del 4 de julio para renovar los gobernadores de 12 estados, incluso el de Quintana Roo fronterizo con Belice y que por años ha sido señalado como zona de operación de carteles de las drogas.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, rechazó en rueda de prensa cualquier motivo político detrás de la detención de Sánchez. Aseguró que el candidato fue notificado el 3 de mayo de que había acusaciones en su contra y que tuvo tiempo para justificar sus ingresos, aunque finalmente no lo hizo y la Procuraduría tuvo que solicitar su detención.
Agregó que las investigaciones comenzaron en enero debido a una denuncia anónima y luego se fortaleció con declaraciones de testigos protegidos y de una notificación de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda que reportó depósitos de grandes cantidades de dinero en sus cuentas.
Nájera añadió que el candidato había reportado ingresos por 1,53 millones de dólares, aunque realizó retiros por más de 2,4 millones de dólares.
“Son cantidades muy distintas a las que él manejó y presentó en declaraciones fiscales ante la autoridad”, señaló.
La PGR considera que Sánchez recibía dinero procedente de actividades ilícitas del narcotráfico. Nájera aseguró que el propio PRD fue notificado de las denuncias antes de la captura del candidato.
En el 2009 fueron detenidos varios funcionarios y alcaldes del estado occidental de Michoacán vinculados con el cartel de La Familia, aunque el de Sánchez es el primer caso conocido de un candidato a gobernador detenido por nexos con el narcotráfico.
Las detenciones de 2009 causaron gran revuelo, aunque al paso de los meses han sido liberados varios de ellos por jueces, lo que ha puesto en duda la fortaleza de las acusaciones de la PGR en su contra.
El presidente del PRD, que gobierna Michoacán y a cuyo partido pertenecen varios de los alcaldes detenidos y liberados, dijo que la detención de Sánchez le parecía una maniobra similar.
La violencia atribuida al crimen organizado y el narcotráfico ha dejado más de 22.700 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno fe-deral lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.
Mario Villanueva, quien gobernó Quintana Roo entre 1993 y 1999, fue recientemente a extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y asociación delictuosa. Al político se le acusa de haber apoyado al cartel de Juárez para que pudiera introducir cocaína colombiana a Cancún y luego transportarla a Estados Unidos.•

Las autoridades encontraron armas y drogas en un penal estatal en el oeste de México, mientras que en el norte del país se reportó el asesinato de dos jefes policiales, aparentemente producto del narcotráfico.
En un operativo realizado entre la noche del jueves 6 y la madrugada del viernes 7 en el penal estatal de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, las fuerzas mexicanas revisaron celda por celda y localizaron dos rifles AR-15, una pistola 9 milímetros y otra calibre .22.
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera, informó que los soldados y la policía estatal implementaron la operación luego de recibir reportes anónimos sobre irregularidades en el penal.
Además de las armas, las autoridades incautaron municiones, 14 cargadores, puntas de metal, cerca de 1,5 kilos de cocaína, 76 teléfonos celulares y dos computadoras.
Al menos cinco guardias de la prisión quedaron bajo investigación.
El penal de Puente Grande se localiza en Guadalajara, Jalisco, a unos 500 kilómetros al noroeste de la capital mexicana.
La prisión está en la misma zona del penal de máxima seguridad de donde Joaquín “El Chapo” Guzmán, señalado como líder del Cartel de Sinaloa, se escapó en 2001 dentro de un carrito de lavandería.
Nájera dijo que se ha llamado a declarar al director del penal y al jefe de vigilancia, aunque hasta la mañana del viernes ninguno de los dos se había presentado a las oficinas de la dependencia.
Mientras, el gobierno del estado norteño de Tamaulipas informó que la noche del jueves fue asesinado a tiros el jefe de la policía de la municipalidad de Hidalgo junto con otra persona que lo acompañaba.
No identificó a ninguno de los dos, ni los motivos por los que habrían sido asesinados.
En tanto, la Fiscalía del estado de Coahuila informó que se localizó en una calle de la localidad de Acuña el cuerpo sin vida de Froylán Collazo, identificado como primer comandante de la policía estatal en la zona norte. El agente tenía al menos 18 impactos de bala.•

Miles de personas marcharon el domingo 11 en la ciudad mexicana de Monterrey y Tampico (norte) para protestar contra la violencia ligada al narcotráfico y pedir que el Ejército no viole derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado.
Miles de personas marcharon el domingo 11 en la ciudad mexicana de Monterrey y Tampico (norte) para protestar contra la violencia ligada al narcotráfico y pedir que el Ejército no viole derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado.

El presidente de México, Felipe Calderón, afianzó el jueves 18 su combate a la criminalidad en el país al enviar una iniciativa de ley antisecuestros al Senado, horas después de haberse comprometido a trabajar cerca de la gente en la reconstrucción del tejido social de Ciudad Juárez.
La propuesta incluye condenas de 40 años a prisión vitalicia en los casos en los que la persona plagiada sea privada de la vida y establece, además, la posibilidad de colocar dispositivos de localización y vi-gilancia a los raptores que sean liberados, con el fin de proteger a quienes fueron sus víctimas. Otro aspecto incluido es la persecución del secuestro “exprés”,  en el que se priva a alguien de la libertad para perpetrar, mientras la persona está retenida, un robo o  extorsión.
La ONG Alto al Secuestro, que encabeza la activista Isabel Miranda de Wallace, informó   que en 2009 se denunciaron en México unos 1.300 casos de secuestro, entre un 13 y un 15% más que en 2008.
Datos de otras organizaciones que también  luchan contra este delito apuntan a que en los últimos años se ha generalizado y extendido a clases medias y bajas, sobre todo en la moda-lidad “exprés”.
De ser aprobada la denominada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro también habría castigos a los servidores públicos que se abstengan de comunicar o de hacer saber de inmediato a los agentes de las fiscalías evidencias o datos relacionados con algún caso. En términos legales, la iniciativa propone reformar el artículo 73 de la Constitución, cuatro leyes federales y orgánicas, así como el Código Federal de Procedimientos Penales.
El senador Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta,  señaló  que, hasta el momento, el Senado ha recibido 14 propuestas de reforma contra el delito del secuestro elaboradas por diversos sectores sociales. “Todas  están enfocadas a endurecer las sentencias”, indicó.
El parlamentario agregó que las iniciativas proponen la aplicación de la prisión vitalicia, así como crear un fondo para las víctimas del secuestro a través de la Ley de Extinción de Dominio, pero, a su juicio, hay otras que también se deben analizar.
La propuesta antisecuestros tras-ciende en un momento en que el presidente Felipe Calderón pidió públicamente que la sociedad se sume a su lucha contra la delincuencia y participe del lado del Ejército y la Policía.
El caso más claro ha ocurrido en Ciudad Juárez, donde el mandatario ha puesto en marcha consultas con organizaciones locales en la última semana para tratar de reconstruir el tejido social de la urbe más violenta de México  con más de 2.600 asesinatos en 2009 y 1.600 en 2008. La ciudad está ubicada en el estado de Chihuahua y es fronteriza con EE.UU.
Los críticos han señalado que la presencia en Ciudad Juárez  de  mi-litares y agentes federales, unos 10.000 en total, ha elevado la violencia y el número de secuestros y extorsión.
El Gobierno considera,  en   cambio,    que el aumento de la violencia es una reacción de los criminales al plan de combate al tráfico de drogas.•

El Gobierno mexicano decretó este domingo 7 el estado de emergencia en los 12 municipios más afectados por las intensas lluvias de los últimos días que hasta el momento han dejado al menos 31 muertos y más de 50.000 afectados.
Cuatro de los municipios pertenecen a Ciudad de México: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. En el estado de Michoacán (oeste) la medida se aplicará en las loca-lidades de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero, además de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, en el estado de México (centro).
 La Secretaría de Gobernación ha explicado que el objetivo es agilizar la movilización de Fondo de Desastres Naturales “en aras de atender necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población damnificada” en estos estados.
 Las autoridades mexicanas han elevado el número de fallecidos a 31 desde el pasado miércoles 3 cuando comenzaron las fuertes precipitaciones en la zona centro-oeste de México, ocasionando inundaciones y deslizamientos de tierra.
Tan sólo en el Valle de México y en Michoacán se han contabilizado más de 40.000 damnificados. En los estados de Guanajuato y Querétaro unas 2.600 personas tuvieron que ser desalojadas de emergencia ante la crecida de algunos ríos.
En la capital fueron suspendidas las actividades en 174 escuelas, mientras que en el estado de México unos 585 centros educativos no pudieron abrir sus puertas este viernes porque las inundaciones que alcanzaron en algunas zonas los 3 metros.
Al menos 72 colonias de la capital mexicana se encuentran sin luz y cinco estaciones del metro tuvieron que suspender el servicio por varias horas al inundarse las vías del tren y por los cortes de electricidad consecuentes.
El alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, anunció este sábado que entregará un bono de 1.500 personas (84 euros) por vivienda, a aque-llas familias que no han podido acudir a sus puestos de trabajo o que poseen negocios propios que resultaron afectados por las precipitaciones. •

Las autoridades mexicanas detuvieron este domingo 7 a 27 personas vinculadas al cártel de la droga La Familia, entre los que se encuentran dos agentes ministeriales y uno de los líderes de esa organización identificado como René Calderón López, alias ‘Rana’ y ‘Enero’.
El procurador General de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz, presentó a los 27 detenidos durante una conferencia de prensa a quienes se les atribuyen al menos 27 ejecuciones. Las capturas se llevaron a cabo en el estado de México (centro), informó la prensa local.
Bazbaz también informó de que alias ‘Rana’, que fue detenido junto a sus cinco principales colaboradores, es considerado el principal operador del peligroso cártel de La Familia. Se desempeñó como coordinador de la policía municipal de Uruapán, en el estado de Michoacán. Calderón López era el encargado de controlar la venta de droga y se le acusa de contrabando, extorsión, secuestro y homicidio en el Estado de México. Las autoridades le atribuyen una veintena de ejecuciones.•